Orlando Espinosa advierte sobre el fraude aduanero y la necesidad de sanciones severas

La posición de la Fuerza del Pueblo

Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) ha exigido a las autoridades que apliquen todo el peso del nuevo Código Penal contra quienes son responsables del fraude aduanero. Este fraude está vinculado al tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana. Además, reclamó una investigación rigurosa que permita establecer responsabilidades en todos los niveles de estas operaciones.

La posición de la Fuerza del Pueblo fue adoptada mediante un documento emitido por el exdiputado Orlando Espinosa. En su calidad de secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la organización política, Espinosa sostuvo que las disposiciones del nuevo Código Penal, en combinación con la Ley General de Aduanas 168-21, proporcionan herramientas para perseguir con mayor rigor los delitos económicos vinculados al desvío de mercancías declaradas en tránsito internacional.

La importancia de una investigación exhaustiva

Espinosa señaló que las investigaciones sobre las operaciones denunciadas no deben limitarse a quienes participan directamente en el traslado de las mercancías. Es crucial determinar quiénes organizan, facilitan y se benefician de estas prácticas. “Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil”, advirtió Espinosa.

El secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la FP explicó que el nuevo marco penal amplía el régimen de consecuencias frente a este tipo de delitos. Dependiendo de las infracciones que sean comprobadas, podrían concurrir delitos como contrabando, falsificación de manifiestos de carga, ruptura de precintos y soborno de funcionarios.

Consecuencias legales y económicas

Las consecuencias contempladas pueden incluir penas de prisión, multas, decomiso de mercancías y de bienes utilizados para cometer las infracciones. Esto incluye camiones, cabezales, remolques e inmuebles destinados al almacenamiento de mercancías desviadas. Además, Espinosa planteó que los recursos generados mediante la comercialización ilícita podrían dar lugar a investigaciones por lavado de activos.

Espinosa destacó especialmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en el nuevo ordenamiento. Afirmó que las autoridades deben investigar también la posible participación de corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte y otros actores empresariales que pudieran haberse beneficiado o facilitado las operaciones.

Sanciones para las empresas involucradas

Según explicó, de establecerse responsabilidades, las consecuencias para las empresas involucradas podrían abarcar desde la clausura de centros de acopio, almacenes y terminales logísticas hasta la inhabilitación para realizar actividades de comercio exterior o licitar con el Estado. Además, se podrían aplicar otras sanciones establecidas en el ordenamiento penal.

El exdiputado recordó que las denuncias surgidas en torno al tránsito internacional señalan que mercancías que deberían continuar hacia otros destinos estarían siendo introducidas al mercado dominicano sin el pago de los arbitrios correspondientes. Advirtió que, de ser cierta y comprobarse esta situación, este tipo de operación perjudicaría las recaudaciones del Estado. También provocaría daños a comerciantes, importadores, productores y empresarios dominicanos que desarrollan sus actividades dentro de la legalidad.

Llamado a la acción

Ante esta situación, la Fuerza del Pueblo solicitó a las autoridades profundizar las investigaciones. Es fundamental determinar la veracidad y magnitud de las operaciones denunciadas. También es necesario identificar a los responsables y aplicar con rigor las consecuencias establecidas en la legislación.

Asimismo, reclamó fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías en tránsito. Esto es esencial para evitar que este régimen pueda ser utilizado como vía para introducir productos irregularmente al mercado nacional.

Conclusión

La lucha contra el fraude aduanero es crucial para la economía del país. Las autoridades deben actuar con firmeza y determinación. Solo así se podrá garantizar un comercio justo y legal. La transparencia en las operaciones aduaneras es vital para proteger a todos los actores del mercado. La implementación efectiva del nuevo Código Penal y la Ley General de Aduanas son pasos importantes hacia un sistema más justo y equitativo.

La responsabilidad recae en todos. Desde las autoridades hasta los ciudadanos. Todos debemos estar atentos y exigir un manejo transparente de nuestras fronteras. La justicia y la legalidad deben prevalecer.